Somos Melilla ha visitado la Escuela Infantil San Francisco de Asís, un centro educativo público dependiente del Gobierno local, cuya gestión está externalizada en una empresa privada.
Amín Azmani, diputado y presidente de Somos Melilla, ha visitado las instalaciones debido a la preocupación de los trabajadores ante la próxima finalización del contrato de gestión en el mes de diciembre. “Estamos encarando el final del mes de septiembre y no hay ni tan siquiera sobre la mesa la licitación del próximo contrato. Eso indica que vamos a llegar tarde y que es prácticamente imposible que esté adjudicado”, ha lamentado.
Por ello, ha pedido al consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández Bonnamaison, que dé la cara y prorrogue el contrato, ya que no da tiempo a adjudicar uno nuevo.
El responsable político asegura que este caso es una muestra más de la “desidia” de la Administración local que, pese a tener 98 cargos de libre designación, “llega mal y tarde a casi todo” con un total de 33 directores generales, un “récord histórico”.
Incertidumbre
Desde la formación política denuncian la “incertidumbre abismal” a la que está sometiendo el Gobierno a estos empleados y sus familias, una plantilla de una treintena de trabajadores dependientes de la empresa privada y una docena ligados directamente a la Ciudad Autónoma.
“¿Qué va a ocurrir a mediados de diciembre en este centro? Tememos que probablemente este Gobierno apueste por la prórroga del contrato, que es lo que debería de hacer, porque estamos hablando de una necesidad imperiosa y ya no da tiempo a licitar”, ha argumentado Azmani.
En cualquier caso, el diputado ha dicho que la prórroga de contratos vigentes o la firma de contratos puentes nuevos está siendo la tónica habitual, ya que el Gobierno no licita a tiempo los servicios públicos. De hecho, ha puesto los ejemplos de la residencia de estudiantes, el contrato de limpieza o el de la vigilancia de las dependencias municipales.
Cesión ilegal
Azmani ha asegurado que en esta escuela infantil también se están produciendo cesiones ilegales de trabajadores, es decir, empleados de la empresa privada que realmente llevan años haciendo sus funciones a las órdenes del personal de la Administración, entre otras cuestiones.
“En lugar de sacar plazas públicas a oposición, este Gobierno ha optado por favorecer esta cesión ilegal y, por tanto, probablemente acabe en la vía judicial”. Desde Somos Melilla piden al Gobierno que sea diligente y resuelvan este problema, aunque no afecte a “familiares, amigos o afiliados del Partido Popular”.
Sin diálogo
El diputado también ha lamentado que los representantes de los trabajadores lleven desde julio solicitando una reunión con el Gobierno sin éxito. “Pretenden gobernar desde el despacho y de espaldas al conjunto de la ciudadanía”, ha criticado Azmani, quien destaca que hay puestos en la plantilla sin cubrir, como en cocina.
También, detalla que ha finalizado el contrato de mantenimiento del centro e incluso hay unas 20 plazas para niños de 2 a 3 años sin sacar, pese a la importante lista de espera que sufren padres y madres. En la actualidad, la escuela infantil atiende a 120 menores.