Somos Melilla ha propuesto que las entradas de los conciertos financiados por la Ciudad Autónoma sean nominativas y estén identificadas con nombre y apellidos para frenar la reventa y mejorar el control de las localidades. La formación ha exigido, además, al Gobierno de Juan José Imbroda que revele cuántas entradas bloquea como protocolo, con qué criterios y a quiénes se entregan, y que facilite de inmediato esta información solicitada por el diputado y presidente del partido, Amín Azmani, en noviembre de 2025.
Azmani ha advertido que las dificultades para adquirir localidades se repiten en cada gran espectáculo mientras una parte del aforo queda reservada para invitaciones cuyo destino no se hace público.
“Cada vez que hay un concierto en Melilla la polémica está servida. Ya no solo por cómo se adjudica, que siempre es a los mismos y a precio de oro, sino por cómo se organiza. Las entradas terminan convirtiéndose en un caos y una odisea para los melillenses que intentan conseguir una”, ha denunciado.
El presidente de Somos Melilla ha señalado que las entradas de protocolo reservadas tienen una consecuencia directa sobre el público general.
“No olvidemos que cada entrada bloqueada y regalada en protocolo es una entrada que no tenemos los melillenses y que no podemos acceder a ella ni tan siquiera pagando. Y esto es inaceptable”, ha subrayado.
Solicitud de información
Somos Melilla registró oficialmente una solicitud de información hace ya ocho meses donde reclamaba el detalle de las invitaciones distribuidas gratuitamente en los más de 40 conciertos y espectáculos organizados por la Consejería de Cultura durante los últimos años. Según denuncia la formación, la Ciudad Autónoma todavía no ha facilitado los datos ni ha identificado a las personas, instituciones o colectivos beneficiarios ni los criterios utilizados.
Somos Melilla ha vuelto a poner como ejemplo el concierto de Luis Fonsi de 2025, para el que se reservaron 612 entradas de protocolo, equivalentes al 16% del aforo y con un valor estimado superior a los 12.000 euros.
El diputado ha advertido de que la misma falta de información va a repetirse en el concierto de Turizo, para el que también existirían localidades reservadas como protocolo sin que se haya comunicado públicamente su número ni su destino.
Azmani ha exigido a la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, que entregue sin más demora la relación de todos los conciertos celebrados, el número de localidades bloqueadas en cada uno de ellos y sus destinatarios, además de las autorizaciones y los criterios aplicados.
Enchufe
El dirigente de Somos Melilla ha criticado también que responsables del Ejecutivo accedan habitualmente a estos espectáculos con credenciales de distintos tipos mientras la ciudadanía desconoce cómo se distribuyen esas invitaciones.
“Luego hemos visto que en cada concierto aparece la plana mayor del Gobierno con una credencial de staff, de organización o de invitados. Es algo inaceptable y vergonzoso. No les basta con cobrar 5.000 euros al mes como para encima coger entradas protocolarias”, ha censurado.
Para Somos Melilla, la denominación de protocolo no puede servir para justificar un reparto discrecional. “Protocolo significa representación institucional, no una bolsa de invitaciones para personas próximas al poder”, ha recalcado.
Regulación
Somos Melilla propone que la Ciudad apruebe una instrucción reguladora que establezca un límite ordinario del 5% del aforo para el conjunto de invitaciones y entradas de protocolo. Cualquier excepción debería autorizarse de forma expresa y motivada, detallando su causa, el número de localidades afectadas y su valor económico.
Asimismo, reclama que, después de cada espectáculo, se publique en el Portal de Transparencia un informe con el número total de entradas emitidas, vendidas, gratuitas, anuladas y devueltas a la venta; las categorías de destinatarios; la autoridad que autorizó cada cupo; los criterios utilizados; y la liquidación final de la recaudación.
La formación ha precisado que esta exigencia no cuestiona las iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la cultura a menores tutelados, entidades sociales, centros educativos o colectivos vulnerables. Esas localidades deben formar parte de programas sociales previamente regulados, con criterios públicos, y contabilizarse de manera separada de las invitaciones de protocolo.
“Una entrada destinada a un menor tutelado o a una entidad social no puede mezclarse con una invitación discrecional a una persona cercana al Gobierno. Son finalidades completamente distintas y deben aparecer diferenciadas, justificadas y controladas”, ha finalizado Azmani.